La orden, firmada el 29 de enero de 2026 en Washington, establece que Estados Unidos podrá aplicar gravámenes adicionales a las importaciones de productos originados en países que directa o indirectamente suministren crudo a Cuba. La administración estadounidense argumenta que la situación con la isla representa una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y que esta medida es necesaria para contrarrestar lo que considera actividades adversas por parte del Gobierno cubano.

Según el texto de la orden ejecutiva, el nuevo sistema arancelario permitirá al Ejecutivo estadounidense gravar con tasas adicionales productos importados desde naciones que exporten petróleo a Cuba, sin que se haya especificado aún el porcentaje de esos aranceles. La Casa Blanca sostiene que el Gobierno cubano mantiene vínculos con actores hostiles (incluidos algunos estados y grupos internacionales) y ha adoptado políticas que, en su criterio, perjudican intereses de seguridad estadounidenses.

La medida se produce en un contexto de severa escasez de combustible en Cuba. En las últimas semanas, tras detenciones en Venezuela y cambios en las exportaciones de ese país, así como un descenso en los envíos desde México, la isla enfrenta una caída dramática en su suministro de petróleo importado. Informes de mercado estiman que los inventarios de combustible en Cuba podrían agotarse en pocas semanas si no se restablecen las importaciones.

La decisión de aplicar aranceles ha generado inquietud en sectores empresariales y diplomáticos fuera de Estados Unidos, especialmente en países que han mantenido relaciones energéticas con Cuba. En México, por ejemplo, las exportaciones de petróleo estatal hacia la isla fueron suspendidas temporalmente, una acción que el gobierno mexicano atribuyó a decisiones soberanas ligadas a la situación interna de abastecimiento, aunque analistas señalan la influencia de la presión diplomática estadounidense en la región.

Hasta el momento, la orden ejecutiva no detalla los criterios específicos para determinar qué países serán objeto de aranceles ni cómo se implementará el sistema, y diversos gobiernos han indicado que evaluarán sus estrategias energéticas frente a esta nueva política estadounidense.