El Senado de la Nación atravesó este viernes una jornada de fuerte intensidad política y social, mientras se debatían proyectos centrales impulsados por el Gobierno del presidente Javier Milei, entre ellos la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En la previa de la sesión, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich envió un mensaje enfático al advertir que quienes voten en contra de la iniciativa penal juvenil “tendrán que hacerse cargo”, en referencia al impacto social y político de la decisión.

Mientras se desarrollaba el debate parlamentario, se registraron protestas contra la reforma laboral en el centro porteño. La Policía de la Ciudad logró liberar la avenida 9 de Julio y los manifestantes se desplazaron por avenida de Mayo con destino al Congreso, sin que se interrumpiera el desarrollo de la sesión legislativa.

En el recinto, el Gobierno consiguió la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y avanzó con el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil. Durante el debate, la senadora Carolina Losada sostuvo que el esquema vigente “no funcionó” y afirmó que bajar la edad de imputabilidad a 14 años es una herramienta que permitirá dar respuesta a una problemática que atraviesa a todo el país, aunque reconoció que no se trata de una solución definitiva.

Por su parte, el senador Luis Juez afirmó que la iniciativa busca saldar una deuda histórica del Estado y remarcó que se trata de una ley moderna, alejada de enfoques restrictivos, que apunta a asumir decisiones frente a un escenario delictivo más complejo.

Desde La Libertad Avanza, la senadora Nadia Márquez aseguró que la sociedad reclama una actualización del Régimen Penal Juvenil y señaló que el proyecto no equipara a un adolescente con un adulto, pero reconoce su capacidad de comprender la criminalidad del hecho. En la misma línea, el senador Gonzalo Guzmán Coraita defendió la reforma y sostuvo que no implica una regresión en derechos humanos, sino un marco integral que contempla la protección de los adolescentes, las víctimas y la sociedad.

Durante la sesión también se escucharon posturas críticas desde sectores sindicales, que advirtieron sobre eventuales medidas de fuerza ante la reforma laboral, mientras distintos bloques plantearon observaciones vinculadas al financiamiento y a la implementación del nuevo régimen penal.

El debate continúa en un clima de definiciones políticas, con proyectos que el oficialismo considera estructurales y que forman parte de la agenda central del Gobierno nacional.