La ciudad de Río Tercero atraviesa una situación de preocupación en el ámbito educativo tras la aparición de amenazas vinculadas a posibles episodios de violencia en establecimientos escolares, lo que motivó la implementación de medidas preventivas y la intervención de la Justicia.

Los primeros indicios se registraron durante la jornada del jueves 16 de abril, cuando se detectaron pintadas y escritos en al menos una institución educativa, situación que con el correr de las horas se extendió a otros establecimientos. De acuerdo a los datos relevados, al menos dos escuelas realizaron presentaciones formales ante las autoridades, mientras que se estima que el número de instituciones alcanzadas podría ser mayor.

Ante este escenario, se dispuso de manera preventiva la presencia policial en escuelas secundarias de la ciudad durante el horario de clases. La medida incluye consignas en los accesos y patrullajes en las inmediaciones, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Durante la jornada del viernes 17 de abril, autoridades policiales confirmaron que la disposición responde a directivas judiciales y que se implementa en la mayoría de los establecimientos educativos de nivel secundario. Asimismo, se indicó que los hechos registrados en la ciudad no son aislados, sino que presentan características similares a situaciones detectadas en distintos puntos de la provincia y del país.

En paralelo, la Fiscalía interviniente informó que se investiga una serie de denuncias que, en el ámbito provincial, superarían las ochenta presentaciones con modalidades coincidentes. Según se precisó, los mensajes suelen aparecer en espacios comunes dentro de los establecimientos, como baños, y en muchos casos contienen referencias a posibles ataques en fechas específicas.

Desde el ámbito judicial se señaló que, hasta el momento, no existen elementos que vinculen estos hechos con episodios concretos ocurridos en otras jurisdicciones, sino que responderían a una modalidad replicada, presuntamente asociada a dinámicas de circulación en entornos digitales.

La investigación se encuentra en curso y enfrenta dificultades propias de este tipo de situaciones, principalmente por el carácter anónimo de los mensajes y los lugares donde son realizados. No obstante, se indicó que en algunos casos existen elementos que podrían contribuir a la identificación de los responsables.

En relación a los posibles autores, se explicó que, al tratarse mayoritariamente de menores de edad, la intervención judicial contempla un abordaje específico. La tarea del Ministerio Público se centra en determinar la autoría de los hechos, mientras que las eventuales medidas posteriores quedan bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil, con criterios que priorizan instancias socioeducativas por sobre sanciones de carácter coercitivo.

De manera complementaria, desde el sistema educativo provincial se activaron protocolos institucionales para abordar la situación dentro de las escuelas. Estas acciones incluyen la intervención de equipos pedagógicos especializados, el acompañamiento a estudiantes y docentes, y la articulación con las familias en cada comunidad educativa.

Las medidas de seguridad implementadas se desarrollan en coordinación entre fuerzas policiales, autoridades municipales, el Ministerio de Educación y organismos vinculados a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, se informó que las instituciones educativas no están brindando detalles particulares sobre lo ocurrido ni sobre las acciones internas, ya que la comunicación oficial se canalizará exclusivamente a través de vías institucionales, con el objetivo de resguardar el desarrollo de las investigaciones y evitar la difusión de información no verificada.

Mientras continúan las tareas investigativas y preventivas, las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación en los distintos establecimientos alcanzados.